El caso de Päivi Räsänen, una diputada finlandesa procesada por sus opiniones religiosas, está atrayendo cada vez más la atención internacional. Y con razón, ya que este enjuiciamiento es un golpe contra la libre expresión de la fe religiosa no solo en Finlandia, sino también para quienes se encuentran más allá de las fronteras de ese país.
El fiscal general finlandés acusó a Päivi Räsänen, una ex médica que actualmente se desempeña como miembro del Parlamento, de tres cargos de «agitación étnica» en abril. Estos cargos implican que Räsänen debe considerarse una amenaza para la sociedad. Sin embargo, los simples casos de expresión religiosa que motivaron los cargos difícilmente «agitan» a nadie, un término que en sí mismo está abierto a interpretaciones vagas y subjetivas.
En junio de 2019, Räsänen recurrió a las redes sociales para cuestionar la decisión de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia de asociarse con el desfile «Orgullo 2019» de Helsinki, y su tweet incluía una imagen de Romanos 1: 24-27. Esto provocó una controversia en línea y, cinco meses después, una investigación policial.

No se presentaron cargos como resultado de la investigación original, y un comunicado de la policía decía que la publicación de Räsänen en las redes sociales estaba protegida por la libertad de religión y la libertad de expresión consagradas en la constitución de Finlandia. Sin embargo, la fiscal general finlandés, Raija Toiviainen, anuló el hallazgo y comenzó una investigación criminal.
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